la hora de verdad y unidad CLICK AQUÍ: Televisión en Directo Gratis LAS ENCUESTAS: ¿GATO POR LIEBRE? Por: Alberto Adrianzén M.
Nadie duda que las encuestas son una herramienta útil para acercarse al conocimiento de la opinión pública; pero también es innegable que su difusión y elaboración están teñidas de muchas intencionalidades. Algunas veces, con la ayuda de los medios de comunicación, contribuyen a crear climas de opinión favorable o desfavorable para uno u otro candidato.
Cuando se acercan las elecciones se publican dos o más encuestas por semana. Pero además, muchas de ellas, o mejor dicho quienes están detrás de ellas, tienen normalmente preferencias políticas.
En las elecciones de 2006 un medio de comunicación decidió cambiar la manera de presentar una encuesta. Ya no se trataba de representar la opinión del 100% de los encuestados sino solo de aquellos que decían por quién iban a votar. Con ello se reducía el universo beneficiando a uno de los candidatos.
Hace unos meses, luego de la primera sentencia a Alberto Fujimori, otra agencia presentó interesadamente su encuesta sumando arbitrariamente lo que no se podía sumar para favorecer al ex dictador. El resultado fue que una supuesta mayoría resultaba estando en contra de dicha sentencia y, por lo tanto, de la culpabilidad de Fujimori.
Por eso es importante discutir las encuestas. La que comentaremos ahora es una “Encuesta Nacional Urbana” reciente que, según su ficha técnica, representa a un 69,87% de la población urbana de 18 años o más e indaga sobre la intención del voto en las próximas elecciones. Lo primero que hay que recordar es que el Perú es 70% urbano y el resto es rural. Por lo tanto, dicha encuesta representa en realidad el 69,87% del 70% de la población total, es decir, 48,20% del total de la población mayor de 18 años.
Lo segundo guarda relación con las características de la muestra en algunas regiones. La encuesta se divide en cinco dominios: Lima-Callao, norte, sur, centro y oriente. 1,200 casos puede ser una buena muestra del universo total. Pero, como es elemental, con 48 entrevistas en el centro o 43 en el oriente no es pertinente inferir cómo piensan votar dichas zonas del país. Más grave aún, se trata de 774 entrevistados en Lima (61.47% de la muestra) y 485 (38,53%) de entrevistados fuera de Lima, es decir que Lima está claramente sobre representada, lo que exigía que los resultados hubieran sido ponderados en función de los universos respectivos. Al no haberlo hecho así, se está introduciendo un sesgo, técnica y políticamente, inaceptable
Lo tercero es lo más grave de todo: cuando se saca una muestra de sangre a una persona no importa de qué parte es extraída, ya que la distribución de la sangre en el cuerpo es siempre homogénea (cantidades de glóbulos rojos, blancos, etc.). No sucede lo mismo con una encuesta política. La muestra tiene que aproximarse también al universo político que se quiere representar con toda su heterogeneidad geográfica y social. Eso es lo que permite comparar la intención de voto del 2009 con la votación del 2006.
Ahora bien, en la segunda vuelta del 2006 Ollanta Humala ganó en 15 capitales de departamento (60%) y el APRA en 10 (40%), Sin embargo, en la encuesta en mención se tiene lo siguiente: de las 16 provincias urbanas seleccionadas (14 de ellas capitales de departamento) para la muestra (¿selección al azar?), en siete de ellas perdió Ollanta Humala el 2006; y de las 10 capitales de departamento dejadas de lado, Humala ganó en siete. La pregunta es muy simple: ¿esa encuesta es comparable al universo político que pretende representar?
Como se puede observar, la encuesta que comentamos es una de las tantas que hoy circulan en diversos medios. No discuto que ésta como algunas otras, se hagan sin el menor sesgo político y con la mejor intención, sin embargo, debido a su importancia, tienen que ser discutidas ampliamente. Así todos ganamos.
 CAMISEA: UN "ACUERDO" VERGONZOSO PARA EL PAÍS Por: Humberto Campodónico
El principal problema suscitado con la renegociación del Contrato del Lote 88 en enero del 2006 es que buena parte de las reservas probadas de gas que debían abastecer al mercado interno se destinaron a la exportación. Por tanto, lo que procedía era volver a renegociar ese contrato para restablecer su forma primigenia.
Agreguemos, además, que el presidente García dijo el 28 de julio que había que investigar los delitos en esa renegociación. Y que ayer el ministro Pedro Sánchez ha denunciado ante la Procuraduría Anticorrupción al ex presidente Toledo y su ministro Glodomiro Sánchez, justamente por haber renegociado de manera ilegal el contrato del Lote 88 (que tiene las mayores reservas, 6.85 billones de pies cúbicos, bpc).
Entonces, ¿es que con los anuncios del ministro Sánchez se ha vuelto al contrato primigenio? NO. Lo que se ha “logrado” es un acuerdo para que, durante 5 años, del 2010 al 2015, no se exporte gas a México del Lote 88. Pero no ha habido renegociación alguna de un contrato que el propio gobierno considera ilegal. O sea que, después del 2015, esas reservas podrían ser exportadas. Esta es una versión recalentada del viejo truco: el que venga detrás, que arree.
Afirma la Nota de Prensa del MEM que “se ha logrado que 150 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) adicionales del Lote 88 se destinen al mercado interno”. Esto no es un “logro” sino mendigar nuestro propio gas, que fue descubierto por Shell y que revirtió gratis al gobierno.
En realidad, el gobierno ha aceptado la propuesta que le hicieron el consorcio Camisea y Repsol (ver nota adjunta), que algo tenían que ceder frente a la enorme presión social generada por la escandalosa e ilegal renegociación del 2006. Además, esta cantidad –que en un plazo de 20 años equivale a un (1) bcp, o un TCF, en inglés– es absolutamente insuficiente para los requerimientos del mercado interno, ya que solo es para algunas industrias y centrales eléctricas, pero, por ejemplo, no considera el gasoducto surandino.
Afirma también la Nota que se ha logrado incorporar 155 mmpcd del Lote 57, de Repsol, para que abastezcan el mercado interno a partir del 2012. Pero la cuestión es que ese gas no va a tener el precio bajo del Lote 88. Como dijo el ministro Sánchez ayer: “en el Perú los precios del gas son libres y el único gas que tiene precios fijados por el gobierno es el gas del Lote 88”.
Aquí se presenta otro enorme problema: ¿por qué ese gas del Lote 57, que equivale a 1.13 bpc en 20 años, no se destinó a la exportación para, así, poder liberar una cantidad equivalente del Lote 88 para el mercado interno? Eso se podría haber hecho, ya, de manera inmediata y de allí se podría abastecer la insatisfecha demanda interna, por ejemplo, del gasoducto surandino, que no va a tener gas hasta el 2012.
La explicación es que Repsol quiere obtener el precio que ahora se paga en el mercado interno peruano, que es 5 a 6 veces mayor que el de exportación. Incluso quiere obtener un precio mayor porque ese gas se subastaría a los postores, lo que elevaría su precio. Por tanto, el gasoducto surandino va a tener que comprar el gas caro del Lote 57, mientras que nuestro gas barato se exporta a México. ¿Puede aceptarse este olímpico desprecio para con los pobres del sur andino?
Para terminar, solo dos cosas, porque el espacio nos gana. Uno, las inversiones que hoy se anuncian como un “logro” ya estaban comprendidas dentro de los planes de inversión de los consorcios. Segundo, que no se han cambiado los bajísimos precios de exportación ni el ínfimo % de regalías. Y lo más importante, se sigue “negociando” con los mismos que movieron todos sus hilos para cambiar las leyes y renegociar los contratos porque “se necesitan dos para bailar tango”. Uno de los bailarines está acusado. ¿Y el otro? Muy, pero muy bien, gracias.
 EL CONTRATO DEL GAS DE CAMISEA DEBE SER RENEGOCIADO
Por: Mario Huamán Rivera
El Ministro de Energía, Pedro Sánchez, ante la presión de la colectividad anunció una postergación de un porcentaje reducido del Gas de Camisea para la exportación por 5 años, luego de dialogar con el Consorcio Camisea, que actúa como si fuese dueño del recurso que es de todos los peruanos. Lo que no ha dicho, es que no se garantizan el horizonte de reservas por 20 años y que se mantendrá la ínfima regalía por la exportación.
Se le da un nuevo regalo al monopolio gasífero. El Perú comprará un porcentaje reducido del gas que devolvió gratis la Shell, al precio más caro para el mercado nacional, mientras se otorga un bajo precio para la exportación. El mensaje es claro, el gobierno aprista hace maniobras para que continué el negocio de la exportación (a México y Chile) afectando al desarrollo nacional e incumpliendo su responsabilidad frente al país, en momentos que se agudiza la crisis energética y elevan los precios de la electricidad. Está de más mencionar que dicho ministro no representa los intereses peruanos y al igual que sus antecesores, pretende conciliar con la empresa por encargo del Presidente García, dejando entrever que la corrupción e intereses privados preparan otro faenón a costa de la precarización del presente y futuro de la energía, brindando ventajas escandalosas a empresas extranjeras, lo que implica el alza del costo de vida y perjudicando la producción, el empleo y la descentralización Una severa investigación debería denunciar a los culpables de este nuevo fracaso que impide a nuestra nación fortalecer su soberanía energética y así planificar su desarrollo. Siendo dueños de reservas tan importantes de gas, no se entiende por qué el gobierno no lo renegocia, tal como lo ha hecho en otras ocasiones para beneficiar a las transnacionales. Frente a ello, la CGTP y los diversos movimientos sociales organizarán una serie de acciones para demandar que el gas sea para los peruanos. Se ha convocado a Foros Ciudadanos bajo el lema: “Soberana Energética - Gas para los Peruanos” que se inician el 8 de setiembre (Casona de San Marcos), continúa el 17 de en la Macro-Región Sur, y luego en otras regiones, hasta el Foro Nacional del 3 de diciembre en Lima. Estas y otras actividades avanzarán un acuerdo de soberanía energética y acordarán medidas para defender este recurso natural y rechazar que se siga beneficiando a los mismos de siempre. No lo permitiremos.  AL ASALTO DEL BOSQUE TROPICAL El mayor banco genético del planeta en disputa
Por: Róger Rumrrill
La cuenca amazónica, paraíso de la biodiversidad, se encuentra en el ojo de la tormenta: sus ríos y bosques concentran todos los recursos vitales a los que apunta el capitalismo en crisis. La deforestación masiva, la contaminación, los megaproyectos viales, mineros e hidrocarburíferos amenazan la fragilidad de un ecosistema vital para el planeta. Al amparo de los gobiernos de Brasil y Perú, se impone un neolatifundismo febril, en absoluta contradicción con la urgente necesidad de un sistema de desarrollo sustentable e inclusivo.
La dura y épica batalla delos pueblos indígenas amazónicos del Perú por el respeto a sus tierras y territorios tuvo un epílogo trágico el pasado 5 de junio en la localidad de Bagua, con una treintena de muertos. Pero también tuvo el impacto de un cambio de época, de un parteaguas en la Amazonia y en la política peruana: ha visibilizado a los indígenas erigiéndolos en actores sociales y políticos nacionales, puso en cuestión al modelo neoliberal y en jaque al gobierno de Alan García. Pero por sobre todas las cosas actualizó y puso en agenda el carácter geoestratégico del espacio amazónico sudamericano en el siglo XXI (1).
Los gurúes de la geopolítica coinciden en afirmar que la economía poscrisis del capitalismo debe sostenerse en cuatro recursos vitales: agua, energía, biodiversidad y tierras. Estas últimas para la producción de las commodities y en especial de alimentos baratos, cada vez más controlados por los oligopolios y monopsomios que están imponiendo su reinado a nivel planetario (2). Buena parte de esta riqueza estratégica se encuentra en la cuenca amazónica, localizada en las tierras y territorios indígenas de los países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (3).
Elmar Altvater, economista de la Universidad Libre de Berlín y analista de la economía global escribió recientemente al respecto: “¿Qué se viene después de esta crisis? Al aguacero de la new economy en el 2000 siguió el boom inmobiliario con las hipotecas subprime y los productos financieros aventureros, lo que posibilitó unos cuantos años de imponentes negocios que han durado hasta ahora, hasta la crisis financiera más grave de los últimos 100 años. Capital disponible de todos modos sigue habiendo, a pesar de la crisis. Está al acecho de aquellas inversiones que hoy y en lo venidero podrían reportar réditos. ¿Cuáles podrían ser? Las materias primas, señaladamente petróleo y gas, así como agrocombustibles procedentes de la biomasa, son la primera opción. Sus precios debían subir, porque escasean y la demanda es alta. Los certificados de emisión para dióxido de carbono, conformes al Protocolo de Kyoto, prometen buenos réditos” (4).
De caza en el paraíso
La cuenca amazónica sudamericana es un subcontinente de más de 8 millones de kilómetros cuadrados con una población estimada de 33,5 millones de habitantes, de los cuales 21 millones viven en ciudades. Se calcula que la cuenca, presidida por el monarca de los ríos, el Amazonas, con más de 1.000 tributarios, posee entre el 15 y el 20 por ciento del agua dulce del mundo, un recurso vital –más que el petróleo y el gas, dado que es insustituible– y cada día más escaso, que es y será el recurso estratégico del siglo XXI (5).
La cuenca amazónica es el paraíso de la megadiversidad. Y el bosque cumple allí múltiples funciones: un papel crucial en el ciclo del agua, reservorio de carbono y banco genético. Pero no es la única riqueza. Además del agua, las tierras, los bosques y la fauna (sólo en el bosque amazónico peruano se han registrado 4.200 especies de mariposas, un récord mundial) existen también cuantiosos recursos mineros metálicos y no metálicos y los imprescindibles bancos de conocimiento de los pueblos indígenas sin los cuales es imposible imaginar el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica (6).
El capital transnacional, con su agudo olfato y su privilegiada información para los negocios, se ha lanzado a la caza de esta riqueza natural. Una suerte de neolatifundismo se instala en el planeta a través de una “fiebre” mundial de compra de tierras para producción de biocombustibles y alimentos baratos, complejos turísticos y reservas para servicios ambientales, entre otros múltiples fines. “Fiebre” que para la doctora Annelies Zoomers, de la Universidad de Utrecht (Holanda) “debe ser vista como una consecuencia de la combinación de la liberalización de los mercados, el auge de inversiones directas y los avances en las tecnologías de comunicación y transporte” (7).
Brasil y Perú, mediante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Alan García Pérez, respectivamente, se han convertido en los auténticos “Caballos de Troya” del capital transnacional que está desembarcando en el subcontinente amazónico. Por distintas razones, en los demás países de la cuenca, las puertas permanecen cerradas a este nuevo modelo de transnacionalización del bosque tropical. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico hacen inviable otra ocupación del territorio amazónico colombiano. Mientras que los regímenes políticos de Ecuador, Bolivia y Venezuela son por ahora hostiles a negociar sus Amazonias con las multinacionales.
Según el periodista y escritor francés Christophe Ventura, Lula da Silva ha suscrito sólidos compromisos con las firmas del agrobusiness Monsanto, Syngenta, Cargill, Nestlé, Basf, Bayer y otros dinosaurios de la economía mundial para hacer realidad su sueño de convertir a Brasil en el mayor productor mundial de soja, de caña de azúcar para etanol y otros productos de gran demanda en el mercado global del siglo XXI (8). Alan García Pérez, por su lado, cree que la Amazonia peruana está sumida en el atraso por culpa de peruanos pobres –a los que de acuerdo a su filosofía ultraliberal califica de “perros del hortelano” porque poseen millones de hectáreas de tierras que están “ociosas”– que estorban el desarrollo y la modernidad que sólo puede abrirse paso a través de la privatización de las tierras y su venta al gran capital. Para hacerlas rentables y productivas, su gobierno promulgó un centenar de decretos legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, puerta de ingreso del gran capital y blindaje del modelo neoliberal (9).
Pero existen diferencias de fondo entre la transnacionalización del bosque y las tierras en la Amazonia brasileña y la que ejecuta Alan García en la Amazonia peruana. En Brasil, el propio Estado actúa como garante de esa transnacionalización. “No es que el Estado se retire y deja el espacio público para ser ocupado por las grandes corporaciones”, escribe Silvio Caccia Bava, director de la edición brasileña de Le Monde diplomatique (10). En realidad, Lula negocia desde un Estado cuyas empresas compiten codo a codo con las multinacionales europeas, estadounidenses o asiáticas. Para probarlo están Petrobras, Electrobras y Odebrecht. Se trata pues de un Estado fuerte, incluso con pujos y vocación imperiales (11). García Pérez, por el contrario, no negocia con las transnacionales. Éstas imponen sus condiciones a un Estado débil y a un gobierno totalmente subordinado. Como señala el destacado economista peruano Humberto Campodónico: “La legislación peruana es absolutamente permisiva… Sucede que el Estado está tomado ‘desde adentro’ por lobbies y diversos estudios de abogados que preparan la legislación ‘sastre’, al deseo de los inversionistas (...) Cuando el Estado está ‘privatizado’, poco o nada le interesa fortalecer las empresas estatales estratégicas (...). Y, claro, tampoco hace nada para cobrar los impuestos que le corresponden y que, en el caso de Petrotech, serán pagados en Estados Unidos y no en Perú” (12).
Objetivo político-militar
Así, la cuenca amazónica, que atesora el mayor banco genético del planeta Tierra, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta y está siendo asediada por poderosos intereses internacionales y amenazada por toda suerte de peligros. Todo esto porque sin ninguna duda es el espacio geoestratégico e hidropolítico más importante para la economía global en el siglo XXI.
En el seminario internacional sobre la Amazonia, “Desarrollo Local, Sustentabilidad y Organización Popular”, realizado en Río Branco, capital del estado brasileño del Acre, del 17 al 20 de julio de 2008, las organizaciones sociales de la mayoría de los países ribereños del Amazonas concluyeron que las amenazas que se ciernen sobre el espacio amazónico y sus poblaciones –sobre todo indígenas, habitantes ancestrales de la cuenca– son los megaproyectos energéticos, viales, hidrocarburíferos, mineros y los grandes monocultivos para biocombustibles que provocan la deforestación masiva de los bosques, la contaminación de ríos y lagos y el despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Todo ello contribuye a acelerar el cambio climático y a bloquear las posibilidades de construir un sistema de desarrollo inclusivo y sostenible.
“Por ejemplo, la agricultura migratoria y la ganadería han generado una deforestación amazónica acumulada al año 2005 de 857.666 kilómetros cuadrados; asimismo, en la Amazonia brasileña, en un período de 30 años (1975-2005), la red vial se multiplicó diez veces, lo que estimuló el desarrollo de asentamientos humanos. Más recientemente, la producción creciente de biocombustibles podría acelerar el cambio de uso del suelo en la región” (13).
El Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN), en un informe de septiembre de 2006, sostiene que para el año 2050 la humanidad necesitará los recursos de dos planetas Tierra para abastecer la demanda mundial de alimentos, agua, energía, suelos y otras riquezas naturales. A la actual tasa de extracción, la naturaleza amazónica está perdiendo su capacidad de regeneración. Pero la tala ilegal no sólo abate los bosques tropicales del Amazonas, también devasta al resto del planeta. El Banco Mundial ha calculado que los países con bosques tropicales de América Latina, África y Asia pierden entre 10 a 15 mil millones de dólares anuales en el comercio ilegal de madera. En Perú, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, se extraen cada año 22 mil metros cúbicos de caoba (Swetenia macrophyla) por un valor de 40 millones de dólares. El 90% de la extracción de esa valiosa especie, el “oro rojo de la Amazonia”, es de origen ilegal porque proviene de áreas de conservación como Parques y Reservas Nacionales (14).
Por otra parte, en el plano político y jurídico, los movimientos sociales amazónicos denuncian un proceso de militarización y criminalización de los pueblos, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.
La “guerra mundial contra las drogas”, cuyo mayor promotor es Estados Unidos, es una guerra perdida desde que se inició hace más de tres décadas. Ha fracasado en su objetivo de frenar o eliminar la producción y el consumo de las drogas naturales como la cocaína y la heroína. Pero es un éxito en su objetivo geopolítico. Porque la “guerra mundial contra las drogas” ha sido y sigue siendo instrumentalizada con fines geopolíticos y de seguridad hemisférica. Tal es el caso de Colombia. Ni el narcotráfico ni las FARC son las razones de fondo de la presencia militar de Estados Unidos en ese país, sino el monitoreo de sus intereses geoestratégicos en América del Sur: el petróleo, el gas, la biodiversidad y el agua de la cuenca amazónica (15).
En efecto, pese a su ostensible declinación como potencia unipolar, Estados Unidos sigue siendo el mayor poder militar del mundo, y sus políticas estratégicas mantienen una continuidad a prueba de los cambios de administración. En 2007 el informe del US Southern Command confirmaba la voluntad estadounidense de garantizar “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de toda América” (16), un eufemismo que esconde su vocación mesiánica y la urgencia de intereses que le llevan a pensar a América Latina como su antiguo “patio trasero”. Allí, el jardín amazónico cumple un papel cada día mayor. RECHAZO GENERAL A PROYECTO REPRESIVO
Proyecto aprobado por el Ejecutivo que autoriza a policía el uso de las armas contra protestassociales.
Un rechazo unánime de dirigentes sindicales y regionales mereció ayer el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros para facultar a la policía a usar la fuerza ante cualquier contingencia, considerado por esos líderes como un claro intento de dar carta blanca para la represión a balazos de las protestas sociales.
Pero ésta no sería la única norma en este sentido, por parte del Ejecutivo, sino que se viene evaluando un paquete de medidas adicionales, según reconoció el jefe del gabinete, Javier Velásquez. La presidenta encargada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, dijo a LA PRIMERA que con propuestas como la aprobada por los ministros el pasado martes, el gobierno ha declarado la guerra a la Amazonía. Explicó que el proyecto propicia un mayor enfrentamiento con los nativos selváticos. Por su parte, el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris, sostuvo que la norma confirma el carácter dictatorial y autoritario del gobierno. “De prosperar ese paquete de normas, se instalaría un gobierno fascista y sería un retroceso para el pueblo que luchó contra la mafia de Fujimori y Montesinos”, agregó. En este mismo tono, el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yépez, señaló que el sur sabrá responder debidamente a la iniciativa del Ejecutivo y precisó que ésta coloca a nuestro país en la misma coyuntura vivida durante el fujimorismo. Agregó que el proyecto del gobierno tiene el objeto de acallar los justos reclamos de la población; por lo que reiteró que el sur del país no lo permitirá, y que el presidente será el responsable de lo que pueda suceder. A su vez, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, coincidió en que la medida pretende dar “carta blanca” a la policía para reprimir sin miramientos a los pobladores que protesten. Dijo que el gobierno quiere lograr que los efectivos policiales que incurran en hechos irregulares queden exentos de toda responsabilidad penal. Por su parte, Rómulo Tomas, secretario del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ucayali, dijo que la medida está orientada a desatar una “represión salvaje” contra las protestas populares. DETALLE
El proyecto de ley autoriza a la policía a utilizar la fuerza ante indicios de amenazas de los manifestantes, lo que da margen a la discrecionalidad, y fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del pasado miércoles, conforme lo anunció el jefe del gabinete ministerial, Velásquez Quesquén.  EL ARMA DE LA VERDAD Por: César Lévano
El presidente Alan García y la cancillería del Perú han demostrado, a lo largo de tres años, su hostilidad contra Bolivia, hostilidad basada en prejuicios ideológicos y políticos y en un alineamiento internacional contrario al interés del Perú. Lo malo es que de ese modo se evitan o atenúan problemas de política exterior que debieran exponerse y ventilarse a la luz pública.
Uno de éstos es el Tratado de Libre Comercio con Chile, negociado personalmente, violando la Constitución y las prácticas diplomáticas, por Alan García, guiado por su fervoroso cariño por Chile. Otro tema que debiera estar en la agenda de nuestra cancillería es la constante provocación de los políticos chilenos contra la integridad territorial del Perú. No podemos olvidar que, cuando el Congreso de Chile aprobó una nueva demarcación de su territorio, incluyó una fracción de Tacna como suelo chileno. Nos correspondió a un reducido número de peruanos denunciar el hecho. El presidente García había enviado como embajador político a su compañero de partido Hugo Otero; pero transcurrieron semanas antes de que el gobierno se diera por enterado del intento de Chile. Recuérdese que, ante el escándalo, la justicia chilena pidió que se modificara la ley, pero dejando constancia de que lo hacía porque la resolución legislativa no concordaba con la premisa del proyecto. En otras palabras, la pretensión de anexar territorio chileno seguía en pie; pero no en el texto de la ley. Hubo una declaración expresa de la cancillería de Chile en ese sentido. Otro tema que debiera estar en la orden del día es el de las bases de Estados Unidos en Colombia.
García aplaude ese uso. ¿Han analizado él y nuestra cancillería el potencial intervencionista y provocador que eso implica para los países amazónicos?
El gobierno del Perú tiene hoy una identificación excesiva con el de Colombia, sometido a los planes estadounidenses de dominio del espacio amazónico, tan rico en petróleo, gas, fauna y recursos fluviales y forestales. La cancillería, los congresistas y, en general, los políticos peruanos deberían estudiar la experiencia de Colombia. En primer lugar, el Plan Colombia, que, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo, ha enconado los conflictos internos, agravado la violencia y la represión, y convertido al país en un punto de apoyo de la agresión de regímenes que no agradan al imperialismo, aunque tengan la investidura de los votos. En América Latina e incluso en la Europa Occidental están surgiendo nuevas fórmulas de manejo de la economía, que no corresponden al neoliberalismo fundamentalista. El presidente García vive en la isla de la fantasía. En esta segunda mitad del año, el nuevo sacudón de la crisis lo devolverá, probablemente, a la realidad. LOS SILENCIOS DE URIBE
Por: César Lévano
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, suele ser locuaz. Pero en la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), guardó silencio sepulcral cuando otros presidentes le pidieron que muestre el texto del acuerdo por el cual concede siete bases aéreas a Estados Unidos.
La cita ha servido para justificar los temores de que el acuerdo entre Uribe y el Pentágono yanqui constituye una amenaza bélica, en particular contra Venezuela y, en general, como lo señaló Lula, contra los países amazónicos. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, denunció un plan yanqui que programa el despliegue en Sudamérica de una fuerza aérea estadounidense capaz de ir mucho más allá de las fronteras de Colombia. Uribe alegó que la idea de ese Comando Estratégico es sólo un proyecto académico. Él ha sostenido que está ganando la guerra a las FARC y a los cárteles de la droga. ¿Para qué necesita, entonces, la presencia de una fuerza aérea supermoderna, armada con dientes atómicos? No se puede omitir que la estrategia de Washington busca el dominio aéreo no sólo para amenazar y, dado el caso, intervenir en Venezuela. El blanco histórico puede ser Brasil. Uribe es maestro en silencios y mentiras. El 7 de marzo de 2006, cinco días antes de unas elecciones legislativas, anunció la desintegración de un frente de las FARC formado por 70 guerrilleros que se habían entregado con 26 fusiles y un avión. Periodistas incrédulos preguntaron dónde estaba el avión y por qué los guerrilleros tenían pasamontañas, uniformes y botas relucientes. Al día siguiente, el general Mario Montoya reconoció que el avión había sido incautado tres años antes a los narcos. Los “guerrilleros” eran delincuentes comunes. Lo consigna el español Pascual Serrano en su libro Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. Serrano informa también: “El padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe Sierra, dejó la pobreza al convertirse en corredor político e intermediario en la transacción de bienes raíces para los narcotraficantes, y se jactaba de poseer extensas haciendas ganaderas en Antioquia y Córdova. Uribe Sierra estaba unido por vínculo matrimonial a los Ochoa, una familia de la élite que formaba parte de los pujantes contrabandistas que integrarían el cártel de Medellín. Cuando Pablo Escobar lanzó su campaña “Medellín sin barrios pobres” en 1982, Uribe Sierra organizó una carrera de caballos para recaudar fondos para contribuir a la misma. Su hijo Álvaro Uribe fue destituido de su puesto de alcalde de Medellín por su asistencia a un encuentro de los cárteles de drogas de la región en la hacienda de Escobar, Nápoles. Cuando su padre fue asesinado en su rancho en 1983, dejando tras él deudas que rondaban los 10 millones de dólares, Álvaro Uribe huyó de allí en un helicóptero de Escobar”.  NUEVA OLA DE PROTESTAS Gremios marchan el 30 de setiembre. Y textiles reciben respaldo internacional ante atropellos de empresarios.
Las promesas incumplidas, el abandono estatal ante los abusos empresariales y las leyes que dan luz verde al atropello contra los trabajadores son base para que gremios de diferentes sectores, como Salud, Defensa, empleados municipales, personal civil de las FF.AA, administrativos de las universidades nacionales, del Poder Judicial, penales y personal administrativo de educación de primaria y secundaria confirmen la paralización de labores en todo el país. Sus representantes, desde la CGTP confirmaron que marcharán al Congreso de la República y al Tribuna Constitucional el 30 de setiembre.
Dichos sectores exigen que se debatan y tomen acuerdos sobre los proyectos de ley tramitados desde setiembre y octubre del 2008, y resuelvan las demandas de inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos 1023, 1024, 1025, 1026, 1057, que el Ejecutivo promulgó el año pasado, y les restan beneficios, abre la puerta a despidos masivos y que se ignore la trayectoria de los empleados estatales. Wiston Huamán, secretario general de la Central Intersectorial de Trabajadores (CITE), mostró su inconformidad con los Decretos Legislativos 1023 y 1024, que rigen la creación de la Autoridad Civil y el cuerpo de gerentes públicos, al manifestar que las remuneraciones de estos funcionarios deberían ir acorde con las de los trabajadores estatales. El 9 de setiembre habrá un encuentro nacional de trabajadores de Lima, donde se organizaran las acciones previas. Textiles respaldados De otro lado, el secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero, Neil Kearney, denunció que los contratos a corto plazo niegan a los trabajadores el derecho a organizarse, condenándolos a largas jornadas, bajo salarios, malas condiciones, tratamiento abusivo y acceso limitado a la cobertura de pensiones y cuidados de salud como resultado de no contar con una relación de empleo permanente.
Neil mostró su solidaridad con sus pares peruanos y junto a la presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, informó sobre las acciones legales a tomar. “Vamos a recurrir a la Organización Internacional de Trabajo para hacer valer nuestros derechos. Además presentaremos una queja formal ante Estados Unidos porque consideramos que los contratos a corto plazo violan los términos del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y también las cláusulas laborales del sistema generalizado de preferencias arancelarias de la Unión Europea”, indicó Kearney. Más acciones
Sifuentes dijo que presentaron cartas al Ministerio de Trabajo y al gobierno contra dichas transgresiones. Sin embargo, no fueron escuchados. Por ello, alistan marchas de protesta junto con la Federación Nacional de Trabajadores del Perú.
 GARCÍA Y LA UNASUR Por: César Hildebrandt
El señor Alan García tiene el sentido de la diplomacia que podría haber tenido un mamut en plena era del hielo.
Ayer se largó de la cumbre de la Unasur dos horas antes de que terminara y dejó como representantes a un funcionario de quinta y a la muy secundaria, aunque respetable, señora Judith de la Mata. Como si al Perú no le interesara que su presidente estuviera en las deliberaciones finales de una cita tan importante. Como si no tuviéramos fronteras con Colombia ni selva que proteger ni soberanía que hacer respetar. Como si fuéramos Uruguay, cuyo presidente, Tabaré Vázquez, también se fue prematuramente sin que nadie lo echara de menos. Pero así es Alan García. Dijo lo suyo, que fue interesante, y desairó el debate. Como hace aquí. Como si le fuera imposible admitir que la discusión es también insumo de la democracia.
La cita de la Unasur demostró que en Latinoamérica es donde ahora se libra la guerra fría más abierta y brutal. Colapsado el sistema que imaginó Marx, despilfarró Lenin y degeneró Stalin, ya no quedan dos imperios disputándose áreas de influencia. Queda uno solo ajustando las tuercas de su dominio. Un dominio sin posible respuesta militar (por lo menos en el marco de las armas convencionales). Pues bien, ese imperio ha empezado a pasar lista en ese patio trasero que ayer no parecía tener tanta importancia. Y ayer se vio, con más claridad que nunca, que Perú y Colombia gritan “¡presente!” cuando esa lista se pasa. Y que todos los demás murmuran o se callan. O protestan, como hicieron Chávez, Correa y Morales. Qué dividida está América Latina. Qué envenenado su ambiente. Y cuántas mentiras se dicen en su nombre. Álvaro Uribe, por ejemplo, habla de “los bandidos de las FARC” –y tiene razón en varios sentidos- pero se olvida de los bandoleros que él protegió en Antioquia, de los paramilitares que interpretaron sus deseos y de los abiertamente milicos que se sumaron al genocidio de la Unión Patriótica. Los jóvenes de Latinoamérica deben enterarse de que, en 1985, las FARC y el Partido Comunista de Colombia, juntos bajo el nombre de Unión Patriótica, quisieron hacer vida política legal y a la luz de las ánforas. Y lo hicieron. Y en 1986 llegaron a obtener el 3 por ciento de los votos. Que no era mucho pero que les significó tener cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, catorce diputados departamentales, 351 concejales municipales y 23 alcaldes. ¿Y qué pasó luego? Pues que empezó el genocidio de la Unión Patriótica. Genocidio es una palabra que la derecha colombiana y el catolicismo macartista de sus fuerzas de choque conocen muy bien. ¿Les suena lo de Gaitán y el bogotazo de 1948? De modo que las elecciones de 1986 fueron usadas para localizar a los líderes de izquierda que habían apostado por el juego democrático. Y una vez localizados esos líderes resultaron asesinados (o desaparecidos) por sicarios que obedecían a planes de exterminio de las Fuerzas Armadas de Colombia (Plan Esmeralda, Plan Baile Rojo, Plan Cóndor, Plan Golpe de Gracia). Tres mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en Colombia desde el año 1986 (243 sólo en ese año). La masacre incluye decenas de concejales, la totalidad de sus diputados de representación nacional, cientos de dirigentes sindicales y campesinos y dos candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. En 1996, la presidenta de Unión Patriótica, Aída Abella Esquivel, se salvó de milagro de un atentado con cohetes y tuvo que marchar al exilio. Todo eso contribuyó al encarnizamiento de las FARC y al endurecimiento salvaje de sus métodos. Pero lo que resulta indiscutible es que la llamada democracia colombiana no tolera que la izquierda crezca bajo su sombra. De resultas de lo cual puede decirse que las FARC no son un accidente surgido de la intolerancia sino una consecuencia inevitable de las políticas de exterminio que la derecha colombiana, ahora con Uribe a la cabeza, ha practicado desde siempre. Nadie le dijo a Uribe que tiene las manos manchadas de sangre. Ni que su segunda reelección es abiertamente tramposa. Desde esa perspectiva, la reunión fue una expresión de delicadísima diplomacia regional. Lo que sí le pidieron fue que garantizara que las bases estadounidenses que tolerará serán para “uso doméstico” y que no amenazarán a ningún país vecino. Pero lo cierto es que esa garantía sólo la podría ofrecer el presidente Barack Obama. Y, hasta donde sabemos, el señor Obama todavía no se ha integrado a la Unasur. Lo del narcotráfico pareció, más que nunca, un pretexto para que el ojo del águila americana nos mire a su gusto desde sus aviones y parafernalias electrónicas. El secretismo en relación al acuerdo Obama-Uribe no hace sino acrecentar sospechas. Colombia es un ensayo de Israel latinoamericano. Y Chávez, Correa y Morales son el islamismo a abatir. ¿Y el Perú? Bueno, nosotros, gracias al doctor García, somos tan irrelevantes como Jordania.  ESTE GOBIERNO QUIERE ACALLARNOS COMO SEA Entrevista/Alberto Pizango Chota Desde su asilo en Nicaragua, el presidente de Aidesep dijo que el Ejecutivo busca cansar a los indígenas para que pateen el tablero del diálogo.
Por: Elízabeth Prado. Una orden de captura a nivel internacional pende sobre usted y cuatro dirigentes nativos más. Mi abogado dice que esta orden no va a prosperar porque cae en un vacío legal. Yo mantengo mi condición de asilado en Nicaragua y en este país la Interpol no puede arrestarme. ¿Cree entonces que la jueza Carmen Arauco aplicó mal la ley? Este es un tema más político que judicial. Se notó el jueves último durante la exposición de fundamentos que hizo mi abogado en el juzgado y los argumentos del procurador público resultaron muy pobres. Se le acusa de apología de sedición y motín. No tienen pruebas de que yo haya ordenado a la población que se levante. Esto es una persecución política, el gobierno aprista está haciendo lo imposible para detenerme. Tan pronto la Corte Superior cambie la orden de detención por la de comparecencia yo vuelvo a Lima para afrontar las acusaciones. Es posible que Daysi Zapata sea denunciada por amenazar al Estado con una insurgencia. Ya denunciaron. Daysi Zapata ha sido citada el 2 de septiembre para esclarecer lo que dicen que es una amenaza. El Ejecutivo está dispuesto a no dejar pasar ningún acto que vaya contra la ley. Lo único que pido es que el gobierno respete nuestros derechos. El caos lo ha creado el Ejecutivo por no derogar los decretos legislativos. Ha violado la Constitución, ha violado el Convenio 169 de la OIT. Entonces, persistir en denunciarnos por los hechos de Bagua es una aberración. Lo que quieren es acallar a los pueblos nativos a como dé lugar.
Sin embargo, las mesas de diálogo siguen abiertas y avanzan aunque no con la celeridad que requieren los pueblos amazónicos. Yo no veo ningún tipo de avance. Han dado una resolución ampliando por 120 días las mesas de trabajo. ¿Para qué? ¿Para seguir meciéndonos más? Los pueblos ya no quieren esperar más. Por eso Daysi Zapata dijo eso al no ver soluciones. El gobierno está alargando el tiempo para que los indígenas se cansen y pateen el tablero. Después dirá que somos intransigentes. ¿Tan improductivas resultaron? Hemos presentado propuestas en las cuatro mesas. Solo falta sistematizarlas y darles solución, nada más. Eso no necesita 120 días. En un mes ya podrían estar resueltas. Pero no veo mayor participación del gobierno para que esto ocurra. “El gobierno ya no debe perseguir a los dirigentes” ¿Sabe que el 2 de septiembre se reunirá el grupo nacional que dialoga con el gobierno? Lo sé. Allí los pueblos dirán al Ejecutivo: estas son nuestras propuestas y esto es lo que se debe hacer. Si no hay voluntad para acogerlas, hasta aquí nomás llegamos. ¿Podrían retirarse de las mesas de diálogo? Dependerá de ese día. El gobierno deberá asumir con responsabilidad su papel y dejar de perseguir a los dirigentes. Veo que está muy enterado de lo que ocurre entre el gobierno y los pueblos amazónicos. Sí. Lo sigo por Internet. Por eso se de la respuesta del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, a las declaraciones de Daysi Zapata. Cómo no le va a molestar el reclamo por los derechos nativos si a este gobierno no le gusta que le digan nada. COLOMBIA Y LA 'MOVILIDAD' MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN AMÉRICA DEL SUR Y ÁFRICA
Por: Gustavo Herren
La distribución geográfica de las bases y puestos militares estadounidenses en los distintos países, sigue un patrón general dentro del contexto mundial. Marca 'caminos' hacia las áreas de interés estratégico para Washington, donde se generará hostilidad e inestabilidad continua. Por estas rutas podrá haber alta movilidad aérea, terrestre o naval con flujos significativos de tropas, armas, municiones, vehículos de combate, y demás pertrechos y suministros desde el mismo territorio continental de EEUU. Tal es el caso de Colombia.
El concepto militar de Operaciones de Movilidad se refiere al movimiento rápido de personal, materiales y fuerzas militares hacia o desde un teatro de operaciones y dentro del mismo por rutas aéreas, marítimas y terrestres. Deberá incluir capacidad para realizar tareas de transporte en gran escala (como las de Irak y Afganistán por ejemplo), de manera que resultará crucial construir en el mediano-largo plazo la red de infraestructura necesaria para un despliegue rápido masivo de fuerza militar (en horas o días), hacia áreas de interés donde pueden esperarse situaciones de conflicto intenso, y para mantener durante toda su evolución el flujo de pertrechos para soporte de la plaza. Se comprende la importancia vital que tiene la elección de las de rutas en sí.
Según el documento 'Global En Route Strategy' (1) publicado en 2009 por el Comando de Movilidad Aérea (AMC) (2), América del Sur está siendo incluida en la llamada 'estrategia de ruta global' con dos objetivos: Alcanzar la estrategia de compromiso regional y asistir con la movilidad en el camino hacia Africa.
Y agrega, los últimos documentos Estrategia para la Seguridad Nacional de EEUU (NSS), Estrategia para la Defensa Nacional (NDS) y Estrategia Militar Nacional (NMS), proveen los lineamientos para la estrategia de 'Movilidad' de los EEUU. También enfatizan que la naturaleza de sus compromisos y obligaciones es global, por ello el NDS afirma que '...Los EEUU requieren libertad de acción en los espacios globales comunes y acceso estratégico a importantes regiones del mundo para encontrar sus necesidades de seguridad nacional.' La Guerra contra el Terrorismo Global ha planteado nuevas preguntas sobre la validez de la actual movilidad y los sistemas de ruta.
Hacia fines de la administración de George W. Bush (2008) fue activado el Comando de Combate Africa (USAFRICOM), uno de los 6 en que EEUU ha divido militarmente al mundo (incluido Rusia, China y la Antártida). Para asegurar la 'estabilidad y la seguridad' en Africa, el Pentágono anticipa un significativo aumento de las operaciones de movilidad en el continente, es decir espera conflictos bélicos de envergadura, para lo cual necesita construir una robusta infraestructura para transporte pesado. Al respecto, el comandante del USAFRICOM, General Ward manifestó: '...El transporte inter e intra-continental es tan importante hoy, como cuando estemos establecidos y en posición que nos permita liderar las actividades que ayuden a asegurar la estabilidad, como opuestas a la justa reacción ante una crisis.'
Actualmente en Africa, el Pentágono no cuenta con suficiente infraestructura para soportar transporte aéreo estratégico, pero la administración Obama continúa con el proceso de vigorosa acometida militar iniciada por G.W. Bush, a pesar de la enfática posición de la mayoría de los líderes de los gobiernos locales de que no aceptarán bases militares extranjeras permanentes. Sin embargo, no hacen referencia a las denominadas 'localidades expedicionarias' (es decir posiciones a largo de la ruta, sin presencia militar permanente donde todo el mantenimiento, reabastecimiento de combustible y la capacidad de puerto es provista según requiera la misión y el personal desplegado). De todos modos, EEUU ya ha plantado una punta de lanza en la Somalia Francesa con la base aérea permanente de Camp Lemonier en Djibouti. Hacia mediados de 2000, con la iniciativa de los secretarios de Defensa Donald Rumsfeld y luego Robert Gates, el Pentágono proyectó sus fuerzas hacia Africa con el pretexto del terrorismo internacional, aunque en realidad respondía a una política exterior dirigida hacia sus hidrocarburos, recursos estratégicos y al importante avance de China en el continente (3).
La base aeronaval de Gran Bretaña en Isla Ascensión (el Pentágono no tiene problemas con su uso), vuelve a ocupar una posición geoestratégica esencial en el Atlántico Sur, en especial para el acceso aéreo al oeste y sudoeste de Africa desde el territorio continental de EEUU (CONUS) (4). Pero como la distancia a Ascensión desde una de sus principales bases aéreas localizada mas hacia al sudeste (Charleston, en Carolina del Sur) está mas allá del rango sin reabastecimiento de combustible de un C-17 (5), se hacia escala en la isla Antigua (GB). El USSOUTHCOM está gestionando instalar mas localidades CSL (en realidad bases militares) para escala y reabastecimiento, en Cayenne (Guayana Francesa) y también intenta en Recife (Brasil), aunque Brasilia se muestra reacia a los acuerdos necesarios, y Recife está justo fuera del rango del C-17 respecto de la base Charleston.
Es decir, con la ruta CONUS-Antigua-Ascensión-Oeste de Africa, un C-17 puede alcanzar desde EEUU la región del Golfo de Guinea que una de las áreas de su principal interés en Africa. Las otras son el Sahara y Sahel al Norte, y el Cuerno de Africa en el Este.
Respecto a América del Sur, tampoco fue hasta ahora posible para Washington lograr un compromiso estratégico para realizar potenciales tareas de transporte aéreo militar de envergadura. Hasta hace poco el Pentágono había definido la 'seguridad' para la región focalizándose en el narcotráfico, lo cual no requiere de infraestructura para grandes operaciones de movilidad. Pero esta estrategia ha sido modificada, al respecto el documento del Comando de Movilidad Aérea (AMC) señala: '...Recientemente, el Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM) se ha interesado en establecer una localidad en América del Sur que podría ser usada en operaciones anti-narcóticos y también como posición desde la cuál se puedan ejecutar operaciones de movilidad. Consecuentemente, con la asistencia del AMC y el USTRANSCOM, el USSOUTHCOM ha identificado Palanquero, en Colombia (campo aéreo German Olano (SKPQ)), como una localidad de seguridad cooperativa (CSL). Desde esta localidad, casi la mitad del continente puede ser cubierta típicamente por una aeronave de transporte C-17 sin reabastecimiento de combustible. Si el reabastecimiento fuera factible en el destino, un C-17 podría cubrir el continente entero, con excepción de la región del Cabo de Hornos en Chile y Argentina... Hasta que el USSOUTHCOM establezca un plan de compromisos para un teatro mas robusto, la estrategia de colocar un CLS en Palanquero debería ser suficiente para el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano.'
Lo cuál indica que, como la distancia entre la base militar Palanquero y Ascensión está en el límite de la autonomía punto a punto del C-17 (3500 millas náuticas), las futuras operaciones de movilidad están dirigidas hacia Sudamérica mas que hacia Africa, es decir la ruta CONUS-Palanquero define las actuales áreas de interés para EEUU a saber: Cuenca del Orinoco y Amazonia Oeste, (que entran en el rango de ida y vuelta sin reabastecimiento del C-17).
Es más, la cesión por el gobierno de Colombia de la base aérea de Palanquero con el estatus para proveer movilidad a las fuerzas estadounidenses (al mismo nivel que Antigua y Aruba), representa un cambio en la relación de Washington hacia América del Sur. Inicia la construcción de la infraestructura regional para intervenir con un despliegue masivo y rápido para la guerra regular en caso de conflicto por recursos u otros. Esta capacidad para proyectar fuerzas, amplifica la amenaza directa y el poder de disuasión convencional de EEUU sobre la región.
Así como en la región occidental de Africa, los reservorios de hidrocarburos sobre el Golfo de Guinea son áreas de disponibilidad energética estratégica para EEUU, también los son los reservorios atlánticos frente a Brasil. En ambos casos, la isla Ascensión resulta un puesto clave. Pero teniendo en vista los avances de China y Rusia en América del Sur en cuanto a países capitalistas y que en la región austral existen en su medida recursos energéticos y de interés estratégico para EEUU, y movimientos sociales para poder presentar como narcoterrorismo, Washington está trabajando activamente para lograr localidades hacia el extremo sur, mediante acuerdos con los países, incluso contratos comerciales de cooperación y con aeropuertos comerciales para soporte y abastecimiento de aeronaves.
Parte de la arquitectura y distribución de bases militares de EEUU en América del Sur, se basa en la Estrategia Global de Ruta (En Route) que el Comando de Transporte (USTRANSCOM) está elaborando desde 2007, para acceso global y distribución de infraestructura (GAIA) (5), que toma en cuenta el concepto de espectro completo (full spectrum), y en el caso aéreo cubre desde la operación mínima de aeronaves, movimientos de pasajeros y carga, hasta el otro extremo de máxima capacidad de flujo para transporte pesado.
En la nueva estrategia la ruta no es visualizada en función de sus puntos como localidades individuales, sino como un sistema interdependiente. Es decir, un sistema de varias rutas diseñadas para servir a distintas áreas de interés, pero que se soportan mutuamente, tal que el suministro a los combatientes en un área de interés puede continuar por las rutas alternativas, lo cual requiere de una red de bases militares con potencial de interacción. Se estima que la estrategia tendrá aplicación entre 2015 y 2025 (tomando en cuenta la velocidad del avance tecnológico, entre otros).
En los criterios para determinar la posición geográfica de las bases en América del Sur, el Pentágono no solo considera las operaciones de movilidad intra-continental sino también la inter-continental, en cuanto al potencial transporte pesado de elementos bélicos desde el mismo territorio continental de EEUU, en este caso hacia Africa (si bien por razones organizativas y operativas EEUU dividió al planeta en distintos Comandos de Combate, éstos pueden operar en forma 'unificada' en este caso el USSOUTHCOM, el USAFRICOM y el USTRANSCOM).
Por otro lado, la Estrategia Militar Nacional (NMS) de 2005, cambió el concepto de sobrellevar dos teatros de grandes guerras (MTW) simultáneas, al de la estrategia nombrada como 1-4-2-1+, que consiste en: primero defender el territorio continental de EEUU, operar dentro y desde 4 regiones de avanzada, sobrellevar 2 campañas solapadas, sobrellevar decisivamente una única campaña y (el +) conducir un número limitado de contingencias menores.
La reactivación del USAFRICOM en combinación con la oportuna Guerra contra el Terrorismo Global, y la instalación de las bases estadounidenses combinadas en Colombia, sugiere que Africa y la región septentrional de América del Sur podría ser vista como dos de las campañas de guerra, que requerirán una capacidad significativa de movilidad militar.
FIDEL. ES LA HORA DEL RECUENTO Y
DE LA MARCHA UNIDA
Por: Fidel Castro Ruz
Esta reflexión no va dirigida a los gobiernos sino a los pueblos hermanos de América Latina.
Mañana 28 de agosto se iniciará en Argentina la reunión Cumbre de UNASUR cuya trascendencia no puede ignorarse. En ella se debe analizar la concesión de siete bases militares en territorio de Colombia, a la superpotencia norteamericana. Las conversaciones previas de ambos gobiernos se mantenían en riguroso secreto. El acuerdo debía presentarse al mundo como hecho consumado.
En horas de la madrugada del 1º de marzo del 2008, las Fuerzas Armadas de Colombia, entrenadas y armadas por Estados Unidos, habían atacado con bombas de precisión a un grupo de guerrilleros que penetró en una apartada zona del territorio ecuatoriano. Al amanecer, hombres de las tropas élites colombianas transportados en helicópteros ocuparon el pequeño campamento, remataron a los heridos y se apoderaron del cadáver del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien al parecer sostenía en esos días un encuentro con jóvenes visitantes de otras nacionalidades, interesados en conocer las experiencias de la guerrilla que desde la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hace más de 50 años, sostiene la lucha armada. Entre las víctimas había estudiantes universitarios de México y Ecuador que no portaban armas. El método fue brutal, al estilo yanqui. El gobierno de Ecuador no había recibido advertencia alguna antes del ataque.
El hecho constituyó una acción humillante para el pequeño y heroico país suramericano, envuelto en un proceso político democrático. Se sospechaba fuertemente que la base aérea norteamericana de Manta había ofrecido información y cooperado con los atacantes. El presidente Rafael Correa adoptó la valiente decisión de solicitar la devolución del territorio ocupado de la base militar de Manta, cumpliendo estrictamente los términos establecidos en el convenio militar con Estados Unidos, y retiró su embajador en Bogotá.
La entrega de territorio para el establecimiento de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberanía y la integridad de los demás pueblos de Sur y Centroamérica con las que nuestros próceres soñaron crear la gran patria latinoamericana.
El imperialismo yanki es cien veces más poderoso que los imperios coloniales de España y Portugal, ajeno por completo al origen, los hábitos y la cultura de nuestros pueblos.
No se trata de estrechos chovinismos. “Patria es humanidad”, como proclamó Martí, pero jamás bajo el dominio de un imperio que ha impuesto al mundo una tiranía sangrienta. En nuestro propio hemisferio los cientos de miles de compatriotas latinoamericanos asesinados, torturados y desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de Nuestra América, durante las últimas cinco décadas por golpes de estados y acciones que Estados Unidos promovió y apoyó, demuestran de forma irrebatible lo que afirmo.
Cuando analizo los argumentos con que Estados Unidos pretende justificar la concesión de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos que calificar de cínicos tales pretextos. Afirma que necesita esas bases para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la emigración ilegal, la posesión de armas de destrucción masiva, los desbordes nacionalistas y los desastres naturales.
Ese poderoso país es el mayor comprador y consumidor de drogas del planeta. Un análisis de los billetes que circulan en Washington, capital de Estados Unidos revela que el 95 por ciento pasaron por manos de personas que consumen drogas; es el mayor mercado y a la vez el mayor suministrador de armas para el crimen organizado en América Latina, con ellas están muriendo decenas de miles de personas cada año al Sur de su frontera; es el mayor estado terrorista que ha existido nunca. No solo lanzó las bombas contra ciudades civiles en Hiroshima y Nagasaki; en sus guerras imperiales como las promovidas en Vietnam, Iraq, Afganistán, Pakistán y otros países ubicados a miles de kilómetros de distancia en las que han muerto millones de personas; es el mayor productor y poseedor de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, las químicas y las biológicas.
Los paramilitares colombianos, muchos de los cuales proceden de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas y constituyen, en parte, sus reservas, son los mejores aliados y protectores de los narcotraficantes.
El llamado personal civil que acompañaría a los soldados en las bases de Colombia son, como norma, ex militares norteamericanos perfectamente entrenados, que son después contratados por empresas privadas como Blackwater, que se hizo famosa por los crímenes cometidos en Iraq y otras partes del mundo.
Un país que se respete a sí mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni bases militares norteamericanas para combatir el narcotráfico, ni proteger la población en los casos de desastres naturales, o brindar cooperación humanitaria a otros pueblos.
Cuba es un país sin problemas de drogas ni altos índices de muertes violentas, cuyo número decrece por año.
El único propósito de Estados Unidos con esas bases, es poner América Latina al alcance de sus tropas en cuestión de horas. La alta jerarquía militar de Brasil recibió con verdadero desagrado la noticia sorpresiva del acuerdo sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. La base de Palanquero está muy cerca de la frontera con Brasil. Con esas bases, unidas a las de las Islas Malvinas, Paraguay, Perú, Honduras, Aruba, Curazao y otras, no quedaría un solo punto del territorio de Brasil y del resto de América del Sur fuera del alcance del Comando Sur, donde en cuestión de horas, mediante el empleo de sus más modernos aviones de transporte, puede hacer llegar tropas y otros medios sofisticados de combate. Los mejores especialistas en la materia han suministrado los datos necesarios, para demostrar el alcance militar del acuerdo yanqui-colombiano.
Tal programa, que incluyó el restablecimiento de la IV Flota, fue diseñado por Bush y heredado por el actual gobierno de Estados Unidos, a quien algunos líderes suramericanos demandan el debido esclarecimiento de su política militar en América Latina. Los portaaviones nucleares no se necesitan para combatir las drogas.
El objetivo más inmediato de ese plan es liquidar el proceso revolucionario bolivariano y asegurar el control del petróleo y otros recursos naturales de Venezuela. El imperio, por otro lado, no acepta la competencia de las nuevas economías emergentes en su patio trasero, ni países verdaderamente independientes en América Latina. Cuenta con la oligarquía reaccionaria, la derecha fascista y el control de los principales medios de difusión masiva internos y externos. Nada que parezca a verdadera equidad y justicia social tendrá su apoyo.
La emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia del subdesarrollo, y este es consecuencia del saqueo a que hemos sido sometidos por parte de ese país y del intercambio desigual con las naciones industrializadas.
México fue desgajado de América Latina por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los 12 millones de emigrantes ilegales en el primero de esos países son mexicanos y también la mayor parte de los cientos que mueren cada año en el muro de la frontera con aquel país.
Con una población de 107 millones de habitantes, en medio de la actual crisis económica internacional, el índice de pobreza crítica en México se ha elevado al 18 por ciento y la pobreza general alcanza a más de la mitad de sus habitantes.
Nada perturbó tanto la vida de Martí, el Apóstol de nuestra independencia, como la anexión a Estados Unidos. Desde 1889 venía tomando conciencia de que ese era el mayor peligro para América Latina.
Soñó siempre con la Patria Grande, desde el río Bravo hasta la Patagonia; por ella y por Cuba dio su vida.
El 10 de enero de 1891 escribió en La revista ilustrada de Nueva York un ensayo titulado “Nuestra América”, en el que expresó inolvidables frases: “… ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”
Cuatro años más tarde, después de su desembarco por Playitas en la provincia oriental de Cuba, cuando ya marchaba por los campos insurrectos, sostuvo un encuentro con el periodista del Herald George E. Bryson, el 2 de mayo de 1895. Este le contó que había entrevistado en la Habana al famoso general Arsenio Martínez Campo. El jefe español le dijo que antes de conceder la independencia a Cuba prefería entregarla a Estados Unidos.
De tal forma impactó la noticia a Martí, que el 18 de mayo escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado la famosa carta póstuma en la que habla del “…camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de Nuestra América, al Norte revuelto y brutal que los desprecia…”
Al día siguiente, desoyendo el consejo del General Máximo Gómez, quien le indicó permanecer en la retaguardia, solicitó a su ayudante un revolver, cargó contra una tropa española bien posesionada y murió en el combate.
“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”, sentenció en su última carta.
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